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01/12/2009
A examen, la rendición de cuentas en los estados
Autor: Mariano Garza-Cantú

La rendición de cuentas es un concepto que puede parecer sencillo a primera vista, pero en realidad se trata de una idea teóricamente compleja cuya definición práctica y operación suponen la articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedimientos. “Pedir que se rindan cuentas es cosa fácil. Diseñar y operar una política pública con ese propósito es mucho más difícil”.

 

En estos términos inicia el estudio Estructura de la rendición de cuentas en México, realizado por Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) con el auspicio de The William and Flora Hewlett Foundation. El proyecto indagó cómo se encuentran las 32 entidades federativas respecto a la rendición de cuentas.
Mauricio Merino, director de la División de Administración Pública del CIDE y uno de los autores del estudio, presentó algunos de los principales hallazgos en la XXXIII Reunión Nacional del CIAPEM.

 

Dijo que es importante acotar el significado de rendición de cuentas, porque a menudo se confunde con el concepto de acceso a la información. Incluso, Merino recordó que cuando se discutió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y sus respectivas versiones en los estados, se dedicó tiempo a definir si acceso a la información equivale a transparencia y si transparencia equivale a rendición de cuentas.

 

La diferencia básica, pero esencial, dijo, es ésa dinámica en la cual se reportan datos para ser evaluados por otra persona u organismo. Por este motivo, el punto de partida para los investigadores del CIDE fue delinear el significado desde los aspectos más básicos: no puede existir la rendición de cuentas si no hay información; tampoco puede haber un buen sistema de responsabilidades si no hay responsables claramente asignados, y no podemos tener un mecanismo de rendición de cuentas si no existen cuentas.

 

De esta manera, la investigación del CIDE consistió en revisar a detalle estos tres elementos: información, responsables y cuentas.

 

 

 

De lo general a lo particular

 

En una primera fase, el estudio analizó el marco jurídico que rige la estructura de la contabilidad a nivel federal. El objetivo de esto fue tener una referencia general para luego estudiar los sistemas contables de cada entidad federativa.

 

En una segunda etapa se evaluó la calidad de la información que ofrecen las cuentas públicas de los estados. Para ello se emplearon las cuentas correspondientes a 2007, que son las últimas reportadas por todas las entidades. Se elaboraron 15 preguntas para determinar qué información se encontraba en la cuenta pública y con qué grado de profundidad.

 

El cuestionario se basó en los siguientes supuestos mínimos que –según los investigadores– cualquier entidad de gobierno debería cumplir al integrar su cuenta pública:

 

Llevar a cabo un control efectivo de los ingresos y de los gastos que realizan todas y cada una de las unidades responsables de ejercer recursos públicos de manera oportuna.

 

 

Detectar y evitar desviaciones en el ejercicio del gasto de manera oportuna.

 

Detectar y evitar compromisos financieros, de cualquier índole, que puedan poner en riesgo la capacidad de acción financiera del gobierno en el futuro.

 

Registrar y controlar el patrimonio público. Cabe señalar que México carece de un sistema de registro patrimonial concreto. Descontando obras de arte o esculturas, no se registran los patrimonios de activos fijos. Algunos países registran las calles como un activo federal, y se consideran en la contabilidad de cada año para evitar una depreciación y que pierdan su valor.

 

Conocer los costos efectivos en que incurre cada una de las unidades responsables de ejercer gasto público. No es lo mismo gasto que costo. ¿Cuánto cuesta un kilómetro de calle pavimentada en diferentes estados? En algunos casos hay cifras, pero no costos, y no se puede saber si la inversión es más eficiente o no.

 

Relacionar los costos de operación e inversión de cada unidad responsable de ejercer gasto público con los resultados que efectivamente se obtienen al final de cada ejercicio fiscal.

 

Informar al público de manera eficaz y completa sobre el ingreso, el uso y el destino de los recursos públicos.

 

 

 

Quién está gastando y cómo

 

Según Merino, desde el principio los resultados del estudio no fueron alentadores, porque al revisar la estructura de la contabilidad a nivel federal se constató que los sistemas contables del gobierno no están hechos para rendir cuentas y por lo tanto no se sabe exactamente qué está pasando.

 

Al respecto, dijo que lo mínimo que se podría esperar es un registro detallado de los ingresos y egresos que tienen los organismos para saber quién está gastando el dinero y cómo lo está haciendo. Se debería conocer información financiera como: sus ingresos previstos, así como de su oportunidad y disponibilidad; las deudas adquiridas, incluyendo su costo financiero presente y futuro; los gastos realizados y comprometidos; del patrimonio; los costos de operación; los recursos disponibles; las inversiones efectuadas y comprometidas; el destino del gasto y sus resultados contables. En una palabra, todo el detalle del manejo del dinero público.

 

Sin embargo, en el esquema contable mexicano el presupuesto público es la única manera de controlar el gasto y el ciclo hacendario, porque no existen datos precisos en tiempo real, señaló el académico.

 

Como consecuencia, toda la planeación se basa en los presupuestos anuales y los ingresos esperados, que no son más que datos poco claros y basados en supuestos. “Eso es diferente al gasto real, porque no existe presupuesto en el mundo que no sufra modificaciones”, aseguró el investigador.

 

La falta de estos datos contribuye a que se cometan continuos errores en la asignación y distribución de recursos, y que sólo sea posible detectarlos cuando se realiza una auditoría. Además, se impide una buena evaluación del desempeño. Al respecto, Merino comentó que el artículo sexto constitucional obliga no sólo al registro de datos contables, “sino a la existencia de indicadores de gestión sobre cómo se están manejando los gastos aquí y ahora, no después”.

 

Sobre los resultados concretos, Merino aseveró que ninguna de las entidades federativas evaluadas se acercó a la calificación de 10, aunque recalcó que el 10 no representaba la perfección o un gran desempeño, sino únicamente el mínimo deseable.

 

El promedio nacional fue de 3.5 sobre 10, y sólo siete estados tuvieron una calificación aprobatoria –por encima del 5– que son, en orden descendente: Sonora, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Distrito Federal, Nuevo León y Sinaloa.

 

Lo más preocupante es que de las 25 entidades restantes, 23 ni siquiera alcanzan un promedio de 4 (ver Tabla 1).

 

Mauricio Merino concluyó que se requiere transitar hacia una contabilidad gubernamental armonizada sobre la base de un sistema de registro que permita seguir de manera natural los recursos, desde su origen hasta su aplicación. De lo contrario, las cuentas públicas seguirán sin producir datos confiables y relevantes.

 

Además de las entidades federativas, en el estudio Estructura de la rendición de cuentas en México también se analizó la situación que hay en los municipios, y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

 


Tabla 1. Calificación de la cuenta pública por entidad federativa

 


Más información
El estudio completo de la Estructura de la rendición de cuentas en México, del CIDE, se puede descargar en la página www.rendiciondecuentas.cide.edu

 
 
 
 
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1 comentario(s) 
 
Alexandro Colorado | 19/12/2009 15:38:54
Evaluemos la transparencia de ACTA
Algo que realmente seria bueno observar la transparencia con la que se esta gestionando es el cabildeo de ACTA en el pais. Via la IMPI y otros organismos industriales, este tratado se ha estado guardado sin que se pueda penetrar en los datos.
http://www.openacta.org
Muestra varios intentos de poder averiguar esta informacion.
 
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