El gobierno de Brasil recurrió a 38 especialistas en tecnologías de la información quienes durante cuatro días intentaron violar la seguridad del software de las urnas electrónicas utilizadas en las elecciones generales de octubre. El propósito era garantizar al público que las urnas no podían ser alteradas.

También se permitió la participación de los ciudadanos que desearan probar la seguridad. A los participantes inscritos que aportaron las mejores ideas para fortalecer el sistema, se les otorgaron premios económicos. Las pruebas fueron coordinadas por el Supremo Tribunal Federal.

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