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01/11/2003
Suecia: Apertura, transparencia y libertad
El modelo sueco de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la informacion gubernamental y libertad de expresión de los servidores públicos es ejemplar. He aquí el panorama general de un régimen gubernamental asombrosamente abierto.


Como ombudsman parlamentaria, mi experiencia en temas de corrupción y programas para evitarla sólo se refieren al sector público.

El principio fundamental de este asunto es que los ciudadanos estén convencidos de que sus legisladores no se dejan afectar por influencias inadecuadas.

La corrupción es universal, pero Suecia apenas si la padece. Es por ello que no contamos con programas anticorrupción. Resulta interesante entonces investigar cuáles son las causas por las que un país apenas padece de corrupción, mientras que para otros se trata de un problema de gran envergadura. Entre estas razones podríamos distinguir las siguientes:

  • Actitudes.

  • Derecho penal.

  • Estabilidad política.

  • Nivel de educación.

  • Estabilidad institucional.

  • Transparencia gubernamental que permite a los ciudadanos evaluar las acciones y el desempeño del gobierno.

  • La rendición de cuentas por parte de aquellos a quienes se les ha confiado el derecho de ejercer el poder público.

La transparencia y la rendición de cuentas son dos principios clave en el sistema del gobierno sueco. Este es uno de los motivos por los que la corrupción es un fenómeno raro en el país. Intentaré describir su aplicación.


Transparencia

Suecia es señalada frecuentemente como un ejemplo destacado de la cultura de transparencia, pues el derecho de los ciudadanos a conocer el funcionamiento de las dependencias gubernamentales, de los tribunales y de los representantes políticos es muy amplio, comparado con el resto de los países.

Si la democracia exige participación pública en el debate sobre asuntos de interés común, también debe exigir que los ciudadanos cuenten con medios para ejercer control sobre la administración, a fin de promover su eficiencia y disuadir la corrupción. Por lo tanto, una democracia debe garantizar la transparencia dentro de la administración pública y asegurar el derecho del acceso público a la información oficial. El acceso a los documentos oficiales es un derecho constitucional en Suecia desde 1766.

El principio de acceso ciudadano a la información gubernamental permite:

Acceso a documentos oficiales: Cualquier persona puede leer los documentos de las autoridades.

Libertad de expresión para los servidores públicos: Los servidores públicos de los gobiernos central y municipales informan a la población.

Libertad de comunicación para los servidores públicos: Los servidores públicos de los gobiernos pueden divulgar información en los medios de comunicación sin que por esto se los investigue.

Acceso a las audiencias de los tribunales: Los ciudadanos y los medios de comunicación pueden asistir a los juicios.

Acceso a las reuniones de las asambleas legislativas: El público y los medios de comunicación pueden asistir a las sesiones del Parlamento, a las asambleas municipales y a los consejos del condado u otros órganos similares.


Documentos oficiales: Acceso y restricciones

Me concentraré en la legislación relativa al acceso que tiene el público a documentos oficiales, asunto decisivo para fomentar una cultura de transparencia, aunque muchos documentos oficiales deberán mantenerse en secreto debido a motivos específicos apuntados en la Ley de Libertad de Prensa, que en Suecia forma parte de la Constitución. Entre ellos están, por ejemplo:

  • La seguridad del Reino y sus relaciones con un Estado extranjero o un organismo internacional.

  • El interés de prevenir o perseguir un delito.

  • La protección de la integridad personal o las condiciones económicas de las personas.

Además de lo anterior, cualquier otra restricción del derecho de acceso a los documentos oficiales "deberá especificarse rigurosamente en las cláusulas de una ley específica", que recibe el nombre de Ley de Reserva. Un principio fundamental de esta Ley de Reserva es que la información restringida deberá ser lo más pequeña posible.

En la práctica, el principio de acceso público a documentos oficiales significa que cualquier documento de este tipo, que no esté sujeto a la Ley de Reserva, deberá estar a disposición de cualquier persona. Esto deberá hacerse de inmediato, sin costo alguno, y en el lugar donde se encuentre guardado. Si la autoridad se rehusa a entregar el documento a la persona que lo solicita porque considera, por ejemplo, que se trata de información confidencial según la Ley de Reserva, el solicitante podrá apelar esa decisión ante un tribunal administrativo que tiene la facultad de cambiar la decisión y ordenar la liberación del documento.


Libertades de expresión y de comunicación

En Suecia todos tienen derecho a la libertad de expresión, lo que es sumamente importante sobre todo para los servidores públicos. Cualquiera tiene el derecho, a menos que se estipule de otra manera en la Ley de Libertad de Prensa, a efectuar declaraciones y comunicar información para fines de publicación por cualquier medio.

Esta libertad incluye la mayor parte de la información clasificada como confidencial, según la Ley de Reserva, siempre y cuando la información sea comunicada verbalmente. Las excepciones a esta libertad se especifican en la misma Ley de Reserva; sin embargo, siempre será un delito penal entregar físicamente documentos confidenciales, fotocopias u otros. Por otra parte, los editores que reciben información secreta tienen prohibido, sin excepción, divulgar la identidad de la fuente de la información.


El ombudsman parlamentario

Suecia cuenta con un sistema de rendición de cuentas personales para los funcionarios que tiene diversas entidades de supervisión, como por ejemplo:

  • Supervisión dentro de los distintos poderes del gobierno.

  • Los consejos disciplinarios.

  • El canciller de Justicia y el ombudsman parlamentario.

El ombudsman parlamentario es una de las salvaguardas de los derechos fundamentales que ofrece la Constitución; es designado por el Parlamento y su función es supervisar la aplicación de las leyes y otros estatutos dentro de la administración pública.

El ombudsman goza de una independencia completa respecto al gobierno y la administración gubernamental tanto estatal como local, y responde de sus acciones exclusivamente ante el Parlamento. Sus tareas de supervisión abarcan todas las dependencias y organismos gubernamentales, lo mismo en el nivel central que en el local; las excepciones son sobre todo de índole política: ministros del gabinete, miembros del Parlamento y funcionarios gubernamentales locales elegidos directamente.

Asimismo, tiene acceso a todos los documentos oficiales, que las autoridades le deberán entregar si así se lo solicita.

Al ombudsman no se le permite iniciar una investigación por cuenta propia. Estas deben responder a peticiones hechas por cualquier persona. La mayoría de los casos que se investigan se hacen a partir de observaciones efectuadas durante las inspecciones, por información presentada en el periódico, la radio o la televisión, o por cartas anónimas o información entregada a las autoridades.

En la realización de su trabajo, el ombudsman echa mano de las siguientes herramientas:

  • El derecho y obligación de llevar a juicio.

  • El derecho de iniciar un proceso disciplinario.

  • El derecho de hacer declaraciones sobre si una acción contradice la ley o si es inapropiada en algún otro aspecto.

  • El derecho de hacer pronunciamientos dirigidos a promover la aplicación uniforme y adecuada de la ley -por ejemplo, establecer principios rectores para tener una conducta administrativa y judicial adecuadas.

  • El derecho de solicitar enmiendas a la ley.

Muy pocas veces sucede que un ombudsman parlamentario actúe como procurador especial, aunque estar consciente de esta posibilidad significa mucho para su autoridad. La "sanción" que utiliza con más frecuencia es la amonestación, que corresponde al derecho que tiene de expresar su opinión respecto a si una acción adoptada por una autoridad o un funcionario entra en conflicto con la ley o cualquier otro estatuto. En realidad, este no es un castigo, y el funcionario en cuestión no está obligado a cumplir con la opinión del ombudsman. Sin embargo, dado que estas amonestaciones reciben publicidad, son muy influyentes.

La figura del ombudsman parlamentario ha existido en Suecia durante casi dos siglos y es, tal vez, el rasgo más distintivo de nuestro sistema político. Durante las últimas décadas esta institución se ha diseminado en muchos países del mundo siguiendo el modelo sueco.



Anna Karin Lundin, Ombudswoman Parlamentaria, Suecia.
 
 
 
 
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