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01/02/2012
La taxonomía de la corrupción
Autor: Mariano Garza-Cantú
La corrupción es un problema público complejo que debe atacarse por dos frentes. Uno, el del funcionario público (la demanda), y otro, el de las empresas y los ciudadanos (la oferta). La lucha anticorrupción en México por muchos años se enfocó sólo en los funcionarios públicos, pero sus métodos de detección no eran suficientes.

En un inicio, la Secretaría de la Función Pública (SFP) -creada en el sexenio de Miguel de la Madrid con el nombre Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam)-, se concentraba en documentar las actividades de los funcionarios públicos; si se encontraban irregularidades, se sancionaba.

Este proceso dependía de auditorías de papel que revisaban si el funcionario había cumplido o no con lo establecido en las leyes y normas; de manera que se castigaba el incumplimiento de éstas, pero no necesariamente la corrupción.

Con el tiempo se ha transformado este proceso a uno en que sólo se hacen auditorías cuando lo requiere una investigación o denuncia, con el objetivo de documentar los actos de corrupción. Para hacer esta tarea se crearon áreas de investigación en los Órganos Internos de Control (OIC), las cuales fueron capacitadas para hacer cruces de datos de tarjetas de crédito, declaraciones patrimoniales, información fiscal y hasta criminal para detectar irregularidades.

Joel Salas, Titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la SFP, explicó que cuando se encuentra un acto de corrupción, el área de Responsabilidades del OIC valora el tipo de castigo que debe aplicarse para determinar si amerita una denuncia penal o basta con una sanción administrativa.

Asimismo, se ha fortalecido la capacidad de investigación y sanción a la parte oferente que son, por lo general, empresas y en lo que va del sexenio se ha sancionado a más de tres mil empresas.


La clasificación

La Función Pública clasifica los actos de corrupción de la siguiente manera:

  • Negligencia administrativa: Descuido voluntario del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

  • Violación de Procedimiento y Contratación: Incumplimiento de las normas aplicables.

  • Violación de leyes y normatividad presupuestal: Indebida aplicación de las normas en materia presupuestal.

  • Abuso de Autoridad: Realización de actos jurídicos más allá de los encomendados.

  • Cohecho y extorsión: El servidor público que reciba o solicite de manera indebida para sí o para otro alguna cantidad de dinero o cualquier otra dádiva.


Los castigos

Joel Salas explicó que en la legislación actual no están claramente tipificados algunos delitos relacionados con la corrupción; la falsificación, por ejemplo, no está tipificada como tal, lo que obliga a que se haga una interpretación de la ley y que el juez coincida con el criterio para sancionar. Esta situación lleva a que por hechos similares algunos jueces sancionen el delito y otros no.

Otro problema es que, de los delitos que sí están tipificados, muchos están considerados como no graves, y los funcionarios corruptos pueden salir bajo fianza.

Salas dijo que se envió al Congreso una serie de reformas que buscan tipificar el cohecho (doméstico e internacional), la colusión, extorsión, simulación, tráfico de influencias y presentación de información falsa, pero está atorada y no ha pasado nada.

Según el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, las sanciones administrativas que puede recibir un funcionario son:

  • Amonestación Privada: Reprimenda o llamada de atención de manera particular al servidor público.

  • Amonestación Pública: Reprimenda o llamada de atención en público al servidor público.

  • Suspensión: Periodo en el cual el servidor público queda inactivo de sus funciones encomendadas, el cual puede ser de tres días a un año.

  • Sanción Económica: Cobro económico impuesto al servidor público, el cual no podrá ser menor o igual al monto de los beneficios o lucro obtenido o de los daños o perjuicios causados al erario federal.

  • Destitución: Separación del cargo en que se desempeñe en el ejercicio público.

  • Inhabilitación: Prohibición impuesta al servidor público en determinado periodo para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, el cual podrá ser de seis meses a un año, cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno. En caso de que el acto u omisión atribuido implique beneficio o lucro o cause daños o perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos excede de las doscientas veces el salario mínimo general mensual vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede dicho límite.

De septiembre de 2010 a julio de 2011 se registraron ocho mil 333 sanciones administrativas en las cuales estuvieron involucrados siete mil 117 servidores públicos. El desglose de las sanciones se dio de la siguiente manera:

  • Tres mil 180 amonestaciones.
  • Dos mil 828 suspensiones.
  • Mil 167 inhabilitaciones.
  • 358 destituciones.
  • 800 sanciones económicas que ascienden a un monto de nueve mil 664 millones de pesos.

Además, en 2010 se denunció penalmente a mil 784 personas, en comparación con las 133 denunciadas en 2009. Al respecto, Salas aseguró que se ha trabajado con intensidad para armar lo mejor posible los casos al presentarlos ante la PGR y han tenido un 91% de éxito en los fallos emitidos por los tribunales.

Grafica quejas y denuncias
 
Tabla de tipos de corrupción según transparencia mexicana
 
 
 
 
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