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Modelos de negocio para el Decreto de Austeridad

 

 

El crecimiento del gobierno electrónico en México ha sido muy heterogéneo. Sin embargo, podríamos clasificar los proyectos bajo tres criterios:

 

  1. Cobertura: Que permite al mayor número posible de ciudadanos acceder a los servicios electrónicos.
  2. Acceso: Que consiste en generar centros de datos y sistemas de comunicación que son el piso sobre el cual se instalan los contenidos.
  3. Contenido: Consiste en crear y poner a disposición de los ciudadanos la información que posibilita la entrega de un servicio gubernamental.

 

 

Estas tres necesidades se satisfacían a través de la adquisición de activos que el gobierno administraba. Pero desde mediados de la década de los noventas, aparece una nueva tendencia internacional en la administración pública que se origina, en buena medida, por la rápida obsolescencia de las tecnologías de la información (TI) propiedad de los gobiernos. Fue así como se puso en boga la contratación de servicios.

 

México inició la adopción de esta tendencia mundial hacia el inicio de la presente década con algunos proyectos puntuales. Estos nuevos modelos de contratación, distintos a la simple compra de activos, tienen la virtud de proteger a los gobiernos de la obsolescencia tecnológica; disminuyen la carga de administrar personal e instalaciones; obliga a cumplir con servicios claramente asentados en los términos de las licitaciones, sin comprometer los objetivos y resultados que se esperan.

 

 

Las nuevas modalidades

 

   Contratos de Soporte Integrado. Este fue el primero de los nuevos modelos que se implementó en México. Aquí, la adquisición de servicios de TI implica que el proveedor –no el gobierno– es el propietario de los activos. Asimismo, ofrece soporte y actualizaciones tecnológicas, liberando a los gobiernos de la adquisición del activo y la administración y actualización subsecuentes.

 

   Tercerización de Servicios de TI. Este es el segundo de los nuevos modelos. Se trata de un esquema en el que el contratante adquiere los servicios de administración de toda la infraestructura de TI –preexistente o no. La propiedad de los equipos es del contratante y simplemente se solicitan los servicios de operación de la infraestructura.

 

La diferencia entre ambos modelos es que mientras en los contratos de soporte integrado la infraestructura pertenece al proveedor del servicio, en el modelo de tercerización el equipo pertenece al gobierno y su administración corre por cuenta del proveedor. En ambos casos se establecen niveles de servicio a cumplir como parte del contrato. En la situación actual de la APF, es previsible que ambos modelos convivan por un tiempo.

 

Uno de los ejemplos de tercerización de servicios más conocidos en México es la infraestructura del centro de datos para el procesamiento del pago de impuestos en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Este proyecto se basó en un modelo de contrato de soporte integrado con HP, y le ha permitido a Hacienda generar importantes ahorros de operación.

 

Pero el desarrollo y la complejidad del gobierno electrónico en México obligan a fijar nuevos requerimientos que el Decreto de Austeridad reconoce. Estos son la interoperabilidad y los servicios compartidos.

 

Por interoperabilidad entendemos la necesidad de establecer procesos de intercambio de información electrónica tanto dentro de las entidades gubernamentales como entre ellas, de manera eficiente y segura. Por servicios compartidos entendemos aquellos servicios que son comunes en distintas entidades por lo que se pueden proporcionar de manera centralizada, para lograr economías de escala, estandarización e integración.

 

Cuando el Decreto de Austeridad establece la integración de compras sectoriales o la posibilidad de compartir plataformas tecnológicas para el caso de las paraestatales, lo que se está diciendo es, justamente, establecer proyectos de interoperabilidad y/o servicios compartidos. Entonces surgen otros dos modelos para ofrecer mayor flexibilidad en la implementación de los proyectos, a saber:

 

   Tercerización de procesos. También conocido como BPO (Business Process Outsorcing), es un esquema en el cual una parte de la operación o administración de uno o varios procesos de la actividad gubernamental es realizado por un tercero, típicamente por una empresa privada. Esto no significa privatizar una determinada actividad gubernamental, ya que el gobierno mantiene el control sobre la operación en su conjunto, aunque la realice un ente privado. Este modelo permite que las dependencias enfoquen su trabajo en sus competencias centrales y no en actividades que soportan estas competencias. Un buen ejemplo de esto puede ser la administración de la nómina o las cuentas de gastos de los funcionarios. Hoy, las dependencias gastan una importante cantidad de recursos en estas funciones, las cuales no son parte de sus competencias centrales y que podrían ser tercerizadas con menor costo y mayor eficiencia.

 

   Sociedades público-privadas. Bajo este modelo, la inversión para los proyectos la realiza una o varias empresas privadas, o bien, los privados más el gobierno. El servicio público es operado por la empresa privada. El retorno de su inversión más su utilidad se genera por diversos métodos de pago, entre los cuales destaca, típicamente, un porcentaje por transacción, o una cantidad relacionada con el ahorro que la intervención del privado le genera al gobierno. Este modelo permite eliminar una parte o la totalidad de la inversión gubernamental; mejora la transparencia del uso de los recursos, y simplifica –de manera muy significativa– los procesos que se quedan dentro del gobierno y los hacen más eficientes.

 

Un ejemplo de este modelo, que ya se aplica en varios países es la emisión de licencias para conducir por parte de una empresa privada. Esto se efectúa dentro de las instalaciones de los gobiernos municipales. La actividad es realizada por la empresa privada, mientras que el cobro y la fiscalización de los resultados corre a cargo del municipio.

 

Estos modelos se pueden resumir en un Marco Institucional del Gobierno Electrónico y son un referente para que los gobiernos encuentren la mezcla idónea para el diseño de sus proyectos.

 

 

Jacobo Esquenazi es Presidente de la Comisión Nacional de Gobierno Electrónico de CANIETI, y Gerente de Relaciones con Gobierno de HP México,

jacobo.esquenazi@hp.com.mx.

 
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